El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura, a partir de la creación de las Comunas, están diseñando un nuevo sistema judicial que resuelva las problemáticas de los vecinos de forma rápida, sencilla, económica e informal.
Es de público conocimiento que en 2007 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iniciará un proceso de descentralización en Comunas. El programa de transición también incluye la creación de una administración de Justicia vecinal de carácter informal, que permitiría dirimir los conflictos de los ciudadanos de manera eficiente, rápida y económica.
Tanto la creación de las Comunas como la de sus propios tribunales están establecidas en la Constitución de la Ciudad, cuya Disposición Transitoria Duodécima establece en su inciso quinto que “(l)a Legislatura creará los Tribunales de Vecindad en cada Comuna [...]. Sin perjuicio de la competencia que la ley determine, deberá entender en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia familiar y protección de personas”.
“Estamos ante una oportunidad histórica. La Ciudad de Buenos Aires es un Estado nuevo que tiene la oportunidad de generar la institucionalidad que la población requiere y no una que imite los modelos existentes”. Así lo afirma el abogado Rubén Donzis, coordinador del programa "Justicia y Voluntad Ciudadana" de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad –y profesor de esta Facultad-, que está investigando cuáles son las necesidades que los tribunales vecinales tendrán que satisfacer.
También intentarán acabar con la llamada “cifra negra”, en palabras de Donzis, “los problemas que el habitante de la Ciudad no lleva a los estrados judiciales porque no tiene conocimiento de que puede hacerlo ni el dinero suficiente para embarcase en un juicio o porque considera que el monto que podría obtener es pequeño”, es decir, todas aquellas cuestiones que el ciudadano ha decidido dejar fuera del aparato de Justicia.
Según el programa de la Subsecretaría, un Poder Judicial próximo al vecino eliminará los obstáculos de acceso al sistema, ya que no requerirá patrocinio letrado obligatorio ni pagar tasa de Justicia y tendría un proceso informal y oral con audiencias públicas. A estas ventajas se suma, además, la cercanía territorial. “Los modelos comparados señalan que los tribunales vecinales más eficientes son aquellos a donde el justiciable acude y directamente reclama su problemática ante el magistrado, quien debe tener conocimiento de las principales controversias que ocurren en su jurisdicción. Es importante que éste conozca al vecino, que no sea sólo un nombre en un expediente”.
Los jueces no sólo tendrán la potestad suficiente para ejecutar sus resoluciones, sino que también podrán asesorar al ciudadano, por ejemplo, al recomendar la asistencia de un abogado cuando lo considere necesario.
Para Donzis, el objetivo fundamental es crear instituciones confiables, cuya autoridad sea reconocida por las partes. “Si se la considera una instancia inferior, sin importancia, corre el riesgo de convertirse en un trámite burocrático más para resolver las cuestiones vecinales”. Para evitarlo, sólo habrá una instancia única, con la posibilidad de apelar sólo en casos de violaciones al debido proceso.
En principio, las competencias de los tribunales comunales serán los fueros Civil y Comercial, pero en casos de menor cuantía, y cuestiones de Vecindad, como las controversias suscitadas por la convivencia en propiedades horizontales. Todavía no se ha decidido si el Contencioso Administrativo y el Contravencional y de Faltas de la Ciudad también serán trasferidos. Eso depende del grado de descentralización que se implemente.
El proyecto de investigación de la Subsecretaría de Justicia intenta evitar que estos nuevos juzgados sufran la saturación que padecen los nacionales. Por tal motivo, todavía está en discusión si podrán o no ocuparse de cuestiones de consumo, que, según Donzis “podrían producir un efecto cascada, ya que es factible que el sistema judicial vecinal se vea desbordado por una voluminosa cantidad de causas de este tipo, en especial reclamos a empresas de servicios como la televisión por cable”.
“Un actor que podría estar interesado en un sistema judicial de esta índole es el comerciante minorista, ya que le sería de suma utilidad para solucionar problemáticas propias, entre ellas, el reclamo por montos pequeños”. El proyecto contempla la posibilidad de implementar en la Ciudad los juicios monitorios que hay en Europa, donde el justiciable lleva la documentación en la que demuestra que su contraparte no ha pagado su deuda y la autoridad competente ordena la ejecución de esta obligación.
Una administración judicial de estas características debe elaborarse contemplando las necesidades de todos los sectores de la población, ya que, como bien aclara Donzis, “hacer de la Justicia vecinal un calco de la nacional pero a menor escala no tiene ningún sentido porque lo único que logrará es distribuir expedientes”.
La Legislatura también elaboró un borrador del Proyecto de Ley que crearía los tribunales vecinales, a partir de las propuestas presentadas por los legisladores.
El proyecto consensuado establece dos etapas procesales. La primera es la mediación, que no necesita la asistencia de un abogado y que, de no resolver la controversia, daría lugar a la judicial. Ésta sí requiere el patrocinio letrado obligatorio, según los fundamentos del proyecto, “imprescindible para lograr la igualdad de oportunidad de actuación de las partes”, que deberá ser proveída de forma gratuita por el Estado cuando el justiciable lo solicite.
El monto máximo exigible es de cinco mil pesos, el mismo que determina la imposibilidad de apelar las sentencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
En su Artículo 17 determina que “sólo pueden ser parte actora las personas físicas, los consorcios de copropietarios del Régimen de Propiedad Horizontal, las asociaciones civiles sin fines de lucro [y] las asociaciones de consumidores en ejercicio de derechos o intereses colectivos”. El objetivo de esta restricción es evitar que los tribunales vecinales colapsen por las causas que las empresas prestadoras de servicios inician contra sus usuarios.
Al igual que el proyecto que tiene en mente la Subsecretaría de la Justicia, éste contempla un proceso informal, ya que las demandas pueden presentarse por escrito o verbalmente, y las sentencias son inapelables a menos que haya sido mal aplicado el Derecho o que la decisión tomada por el magistrado resulte arbitraria. Tampoco es necesario abonar la tasa de Justicia al iniciarse la causa, pero la parte vencida deberá cubrir los gastos del proceso luego del dictado de la sentencia.
Por último, las audiencias serán públicas si no existe ningún motivo que justifique realizarlas a puertas cerradas.
Los tribunales vecinales tendrán su sede y jurisdicción en cada Comuna –su número dependerá de las necesidades de cada una- y estarán integrados por tres magistrados que no deben tener el mismo sexo.
Escrita por Daniel Bajarlía para la revista Derecho A Réplica
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